Cambiemos, antes de que todo cambie

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Juan José Aranguren, comenzó a despegarse de la gestión del Presidente Mauricio Macri a la que perteneció hasta junio de 2018.

Escribe Aldo Bianchi Alzugaray

En un informe de coyuntura (puede leerse más abajo) emitido por su consultora Consilium que circuló esta semana, el ex ministro cuestionó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de congelar por 90 días el precio de los combustibles medida que señaló como “un retroceso significativo” de la política energética.

Tras una lectura mas fina, el informe trasunta su preocupación por el cambio en el signo político del gobierno, que tras las PASO del 11 de agosto parecen cerrar el camino a una reelección de Mauricio Macri. Ese cambio restringiría la influencia y el campo de acción del ex ministro y podría ser el prolegómeno de un calvario tribunalicio.

El informe realiza una advertencia “Las provincias productoras de hidrocarburos, así como las empresas productoras de petróleo crudo, evaluarán la oportunidad y pertinencia de encarar acciones administrativas y judiciales para anular o limitar los alcances del DNU”.

Crítica al crítico

En el informe especial de su consultora, Juan José Aranguren comienza desgranando los principios rectores de la política energética de Cambiemos y recitando las facultades del PEN en la materia.

Señala que el congelamiento de precios impuesto por Gustavo Lopetegui a través del DNU N° 566-2019 “…marca una alteración en la política de respeto a las reglas de juego establecida por la actual Administración”. En la página 3, sobre la protección de los consumidores concluye que “el control de precios no es un mecanismo adecuado para proteger a los consumidores, resultando habitualmente en mayores perjuicios para ellos”

Respecto de la intervención de los mercados dice que “ante una recesión como la que estamos viviendo (“viviendo” como si la misma fuese por voluntad divina y no consecuencia de las políticas aplicadas), la teoría económica moderna prevé que tanto la política monetaria como la fiscal pueden ser utilizadas por el gobierno para reducir su impacto, aunque no en cualquier circunstancia (Economics, Paul Krugman). En particular, respecto de la política fiscal, entiende [Krugman]que en circunstancias especiales puede utilizarse una política fiscal discrecional por parte del gobierno.”

Pero el Nobel citado, también ha remarcado que “los cambios necesarios son obstaculizados por doctrinas dogmáticas de una ortodoxia obsoleta”. Aranguren es un dogmático liberal y pese a conocer las fallas imperfecciones y altas barrera de entrada del mercado hidrocarburífero tomó de Krugman, sólo lo conveniente.

El premiado economista ha dicho recientemente sobre las retenciones al agro y minería que el haberlas bajado representó una medida que “aumentó la desigualdad porque reduce los impuestos a algunos de los argentinos más ricos y el precio lo pagan algunos de los más pobres”

Proteger a los débiles

El informe de Aranguren destaca que “El impacto de la profundización de la recesión en nuestro país, particularmente en los sectores más vulnerables de la población, requiere que el Estado Nacional tome medidas para protegerlos y reducir sus efectos, dentro de lo posible. Entendemos que ello debería canalizarse a través de la política monetaria y fiscal, incluyendo, de ser necesario, medidas discrecionales de política fiscal con rápido impacto”.

Y agrega: el Decreto 566 “busca proteger a los consumidores ante una profundización de la recesión, recomendó reducir la incertidumbre con un mejoramiento de la ‘protección social” y señala que “Hay una razón por la cual los países que buscan recorrer un camino de desarrollo sustentable no utilizan el control de precios sobre los combustibles como herramienta de protección social: han demostrado, en cada oportunidad, ser insostenibles y generar mayores daños que beneficios, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Aún los fondos de estabilización de precios de combustibles desligados de la política fiscal han quedado en desuso, como es el caso de Chile”.

Los dichos no parecen provenir del mismo Aranguren de la gestión ministerial, que todo lo que hizo fue fijar precios arbitrarios de los hidrocarburos.

¿Es el mismo Aranguren que durante 2016 mantuvo precios sostén en el mercado interno mientras los internacionales bajaban, y mientras Shell batía el récord de importaciones de gasoil?

El informe nada dice sobre de qué se trata la protección social ni de qué modo debe implementarse. Lo que sí quedó de manifiesto durante su gestión, fue el desdén demostrado hacia los sectores populares, los más necesitados de tarifa social y garrafa social.

La miopía política le impidió a Aranguren —y a todo el gabinete— percibir que esos sectores son clave para ganar las elecciones.

¿Es este el mismo libremercadista que fijó un “costo económico” de US$ 7,50 para el gas incremental sin explicar el fundamento, mientras el LNG gasificado se encontraba por debajo de los 6,50?

¿Qué entendía por “protección social” el ex ministro si con esta medida impulsaba un brutal impacto en la tarifa eléctrica?

En uno de los puntos de las “reflexiones” que integran el informe, se refiere a la “Asignación ineficiente del bien controlado” y en el análisis dice que “ha ocurrido en la Argentina por ejemplo con el gas natural licuado (particularmente butano para garrafas), se generan significativas distorsiones en la alocación del bien y aparecen conductas distorsivas e incluso ilegales que desvirtúan el fin perseguido con el control.”

Es menester señalar que la Dirección de GLP bajo su órbita durante tres años y medio, fue un desquicio. Un millar y pico de expedientes iniciados por multas e irregularidades amontonados y sin que se nombrara un director que llevara adelante un área de tal importancia política. Mientras tanto, los empleados del área contratados precariamente hacían malabares para evitar que las multas prescribiesen en un sector dominado por fraccionadores incontrolables.

Entre las conclusiones, destaca que “las bases de una política energética sustentable en el siglo XXI, compatible con el objetivo de la política energética de la actual Administración –el abastecimiento de energía para un país en desarrollo– son: mercados competitivos, transparencia, integración energética, eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y descarbonización”

Mientras se esperaban las inversiones “Juanjo” declaraba públicamente que repatriaría su patrimonio “a medida que recuperemos la confianza en la Argentina”.

Previendo que los inversores seguirían su ejemplo, tomó el toro por las astas: redactó la Resolución 46/17, y obligó a todos los usuarios a subsidiar el desarrollo de Vaca Muerta transfiriendo ingentes recursos de toda la población.

El 30 de noviembre de 2016, en referencia a los empresarios, dijo que “algunos ponen condiciones antes de invertir, en vez de generar primero las inversiones asumiendo el riesgo empresario” y agregó “los incentivos serán suspendidos”.

90 días después de tales declaraciones se estableció un valor de US$ 7,5 MM/btu para cualquier tipo de gas nuevo o incremental: convencional, tight, shale y off-shore y trazó un sendero de precios que a la luz de los acontecimientos, de haberse mantenido, hubiese volteado al gobierno mucho antes de las paso.

A los botes

En el informe el ex ministro señala que “Particularmente, es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se interviene formalmente y de manera directa en la fijación de precios del sector”. La cita no parece desinteresada, habida cuenta de que dentro de ese período se aplicaron las políticas del kirchnerismo.

Aranguren fue el responsable de la mayor parte de las políticas energéticas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri y que por los modos en su aplicación le otorgó 36 tapas de diarios negativas. Por esto, Aranguren no es ajeno a la derrota de las PASO.

Una lectura crítica del crítico documento, trasunta la preocupación del ministro por despegar de la actual gestión para perfilarse con el nuevo gobierno que viene y que no lo recuerda con simpatía.

Nuevos rumbos

Según Página/12 en 2018 se filtró que era director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, Shell Western Supply and Trading Limited, en Barbados, y Sol Antilles y Guianas Limited. La primera sociedad offshore fue beneficiada por el ministerio de energía en 2016 con compras de cargamentos de gasoil por CAMESSA mientras Aranguren dirigía dicho ministerio.

Aranguren fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción donde se solicitó que se “abra una investigación acerca de la declaración jurada” que presentó el ministro de Energía y Minería, y “la incompatibilidad para ejercer el cargo” ya que siendo ministro “Juanjo” tenía acciones en Shell al mismo tiempo que ejercía como ministro, lo que implicaría incompatibilidad para ejercer el cargo según los términos de los artículos 13 y 15 de la Ley 25188.47.

Mientras poseía dichas acciones de Shell le otorgó a esa empresa siete licitaciones de importación de gas sobre un total de ocho.

En 2019 se descubrió que durante su gestión hubo un entramado societario que terminaba en Luxemburgo propiedad de la familia presidencial, que mediante sociedades fantasmas compraron y revendieron en forma irregular contratos de parques eólicos.

Es muy probable el año que viene, en Comodoro Py, muchos jueces amigos se encuentren ya jubilados, una opción mejor que la de enfrentar al Consejo de la Magistratura. Seguramente también, muchos ex funcionarios de Cambiemos deberán transitar los estrados judiciales, y es seguro que no lo harán por sobreprecios coimas o por revolear bolsos, sino por practicar sutiles mecanismos de enriquecimiento mucho más finos y sofisticados.

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