Por una vez, el Estado podría ganar

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Fuentes de YPF, revelaron el optimismo que la cúpula ejecutiva tiene respecto de la demanda que mantiene el fondo Burford, que compró los derechos para litigar por la estatización en 2012 de las acciones del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Incluso dijeron que Estado nacional de Argentina podría recibir un importante resarcimiento por los US$ 3000 millones que se le reclaman.

“Creemos que se va a caer. Cambiamos abogados y de estrategia judicial y tenemos buenas perspectivas”, dijeron en la petrolera.

Si se llegara a perder el juicio, el pago corresponderá al Estado argentino y no a la empresa. Por otro lado, aseguraron que “hay reservas” para pagar un eventual fallo en contra por la demanda ambiental contra Maxus (una empresa que YPF compró en 1995), que es por US$ 14.000 millones.

La empresa y el Gobierno argentino deben presentar un writ of certiorari, que es un recurso para que no venza el stay (cautelar) otorgado por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que culmina el 1° de noviembre. Con esa presentación, se prorrogará automáticamente el stay hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos rechace o acepte el certiorari y, si lo toma, decida sobre la cuestión de fondo.

La estrategia de los abogados argentinos es demorar cuanto más se pueda el tratamiento del tema y apelar a que la medida de estatizar las acciones de YPF corresponden a una decisión soberana, que no puede ser juzgada en el exterior como una cuestión comercial.

Fuentes oficiales consideran que la Corte Suprema de Estados Unidos no se demoraría muchos meses en tomar el caso, pero mientras tanto celebran el tiempo transcurrido

Por la expropiación, el gobierno acordó con la española Repsol, unos US$ 5.000 millones en concepto de indemnización por los activos expropiados, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ir a la quiebra, con el argumento de que no podía cubrir las deudas, entre otras, con la propia Repsol.

Los Eskenazi habían compraron el 25% del paquete accionario de YPF a través de dos empresas constituidas y domiciliadas entre 2008 y 2011 en Madrid, España: Petersen Energía Inversora, S.A.U. y Petersen Energía, S.A.U. Estas compañías recibieron créditos por unos US$ 2.500 millones para pagar las acciones a Repsol.

Unos 1.800 millones fueron prestados por la propia petrolera española, la red financiera que permitió la compra incluyó una red de bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El crédito se repagaría con los dividendos devengados.

Cuando el Estado expropió YPF, las dos Petersen españolas entregaron a sus acreedores las acciones caucionadas. Y luego fueron a la quiebra. En aquella oportunidad, el tribunal español permitió la cesión de los derechos sobre las acciones prendadas a una subsidiaria de Burford Capital Limited y con ellas el derecho de accionar contra la Argentina e YPF.

Pero quienes en realidad iniciaron las acciones, fueron las españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, representadas por King & Spalding y Kellogg Huber Hansen Todd Evans & Figel. Según su propia definición, Burford es un proveedor de capital pionero en industria legal global y el líder en financiamiento de litigios.

La familia Eskenazi enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. “El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior”, señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.

Según Sebastián Maril, de Research for Traders y publicado en La Nación,  nadie sabe a ciencia cierta quiénes están detrás de los fondos que le están comprando a Burford los pedazos del juicio contra la Argentina. Para Maril, Burford “compró el 70% de las empresas del Grupo Petersen por US$ 17 millones y vendió el 25% por 106 millones de dólares en mercados secundarios”.

Burford acusa al gobierno de la Argentina de violar las leyes de los Estados Unidos, al expropiar las acciones de YPF sin presentar una Oferta Pública de Acciones (OPA) para la compra de las acciones que estaban en manos de los Eskenazi.

El Estado argentino argumentó que la expropiación era una actividad propia del estado soberano y que no estaba subordinada a las leyes de los Estados Unidos además de invocar los alcances de esta inmunidad por la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), Ley de Inmunidad Soberana.

La defensa de la Argentina finca en tres puntos relevantes: la expropiación como acto soberano no obliga a efectuar una OPA, la existencia de un acuerdo celebrado entre expropiado y expropiante y la exclusión de Buford por ser un tercero sin interés en la cuestión porque no ha participado ni en la expropiación ni en el acuerdo de ésta.

La OPA es una operación propia de las actividades mercantiles y que generalmente están reguladas por estatutos empresarios para llevar a cabo las actividades específicas.

Consiste en que una o varias sociedades realizan una oferta pública de compra de acciones a todos los accionistas de una determinada sociedad que cotiza en bolsa para alcanzar una participación en el capital que permita ejercer derechos societarios.

Por su parte, la expropiación es una facultad propia del Estado, prevista en el orden normativo (Constitución Argentina, Constitución de los EE.UU., de España ,Francia etc.) y que tiene por objeto transferir coactivamente una propiedad —o un derecho— desde su titular al Estado por motivos de interés público, mediando una indemnización. En este proceso interviene el Poder Ejecutivo declarando el bien “de interés publico” y una ley del Congreso ratifica y reglamenta.

Vale la pena señalar que en EE.UU. existen no sólo fondos especuladores sino grandes estudios jurídicos asociados a éstos y con gran poder de lobby que adquieren derechos litigiosos obteniendo beneficios siderales.

Según voceros de la Casa Rosada “El proceso está en un estadio inicial; llegado el caso de una decisión adversa , el reclamo se dirimirá en un juicio ordinario, sujeto a una amplia discusión y con todos los hitos de apelación pertinentes”. Sin embargo el fallo de la Corte de Nueva York ya tiene efectos inmediatos. Además de Burford Capital, el fondo Eton también demandó a la Argentina ante el juzgado de Preska porque tenía acciones de YPF al momento de la expropiación. Si la corte finalmente resolviese que el juicio prosiga en Nueva York, la Argentina requerirá un procedimiento riesgoso: abrir un “discovery process” es decir pedir que se investigue a Burford  lo que obligaría a la justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford .

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