Jorge Lapeña: “El radicalismo aporta de buena fe soluciones providenciales”

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Jorge Lapeña fue secretario de Energía durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín, en los albores de la “primavera democrática”, y desde entonces tiene una activa participación en las cuestiones energéticas. Presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Enrique Mosconi y miembro del grupo de los ocho ex secretarios que asesoran y proponen políticas a Cambiemos, Lapeña se tornó muy crítico de la gestión del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, tras el Decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017.

La medida, que habilitó la venta de las acciones estatales en Transener, entre otras cosas, está por cumplir un año. Energía y Negocios conversó con Lapeña para verificar cómo considera que están los avances.

Este 1° de noviembre se cumple un año de la publicación del Decreto 882/2017 en el Boletín Oficial. ¿Qué balance hace de los avances que suscitó?

Se trata de un decreto muy amplio, lo que se llama “decreto ómnibus”: en una misma norma se pusieron diversos objetivos enfocados hacia una mejor organización del sector energético argentino.

La experiencia de este año prueba que ese decreto tuvo un gran impacto en el funcionamiento del Gobierno. Por un lado, pienso que se constata un avance prácticamente insignificante en todos los objetivos y encomiendas que se plantearon. Por otro, si uno analiza a los firmantes, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya no está. Hubo un cambio importante en la organización del sector energético.

Este decreto, más que realizaciones concretas y conducentes, efectivas, ha sido un dolor de cabeza permanente para Cambiemos. Se verifica que los grandes objetivos planteados no estaban bien pensados.

Desde el punto de vista de la organización del sector energético se encomendaron tareas titánicas a la empresa Enarsa, como absorber a Ebisa, que tenía el objetivo de comercializar la energía de las centrales hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Salto Grande (Entre Ríos) y que lo venía desarrollando bastante bien. Ebisa fue absorbida por Enarsa, una creación del kirchnerismo, compañía de objeto amplio que nunca estuvo claro para qué se usó, pero sí que fue poco eficiente a lo largo de su historia en cualquier emprendimiento.

Si uno analiza que el presidente Néstor Kirchner le encomendó a Enarsa explorar toda la plataforma continental hasta el polo y que esa titánica tarea ni siquiera la pudo comenzar y no pudo descubrir ni un litro de petróleo, eso marca que la institución Enarsa tuvo muy pocos resultados efectivos. En ese contexto, encomendarle nuevas y grandes tareas pareció una decisión desacertada.

Cuando el Estado compró las acciones de Transener en 2016, al poco tiempo instaló que las iba a vender. ¿Tomó en cuenta la cuestión estratégica de la empresa o simplemente el Gobierno hizo una inversión? ¿Qué otros errores subraya en la medida?

Lo de Transener fue lo más visible del Decreto 882/2017, pero no lo único y, tal vez, tampoco lo más importante. Por ejemplo, también es un error que Enarsa sea el comitente de las dos centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, que están en obra (Cóndor Cliff y La Barrancosa, antes llamadas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ambos ex gobernadores de la provincia).

Pero hace tres años que asumió el Gobierno y cambió la conducción de las distintas empresas estatales.

La experiencia demuestra que Enarsa no logró un cambio sustantivo en el modo de gestión, su eficiencia y la calidad de sus decisiones, teniendo en cuenta los años del kirchnerismo. La misión de Enarsa es difusa y muy amplia para una empresa con tan poca infraestructura, que demostró que no pudo llevar adelante los objetivos que les planteó el Gobierno.

Ahora, después de dos años de haber asumido, asignarle a Enarsa la gestión de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz habla de un desconocimiento de quienes redactaron el decreto -posiblemente abogados o gente sin experiencia en la cuestión hidroeléctrica-. Será muy difícil que Enarsa cumpla en tiempo y forma con la ejecución de las centrales Cóndor Cliff y La Barrancosa, ya están los antecedentes.

De todas maneras, es necesario que se haga una auditoría para chequear los avances.

Por el ajuste fiscal y el parate en la obra pública y los gastos de capital, el Gobierno ya informó que el avance de la construcción de las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz está con un poco de atraso.

No tengo el dato, pero, si fuera así, estaríamos en un problema grave, como le pasó al Gobierno anterior con la ejecución de la central a carbón de Río Turbio, que fue un papelón histórico. ¿Qué antecedente existe para pensar que Enarsa puede subsanar la herencia que dejó el kirchnerismo? Insisto en que hubo algún abogado, más que un ingeniero, que desconoce esos asuntos.

Hay otros temas importantes. Otro de los artículos del Decreto 882 insta a vender la Central Térmica Manuel Belgrano II (en Campana, Buenos Aires), que la licitó el Gobierno anterior en 2012 y su avance fue cero. Cosas relativamente fáciles, como es dar por finalizado, enajenando esa central, y no haberlo podido hacer significa que los atrasos en la ejecución del 882 no solamente están en las grandes obras, sino también en lo más sencillo.

Finalmente, llegamos al tema de Transener. Dije desde el primer día que vender es una decisión inconveniente: es una empresa estratégica y gran parte de la transformación de la matriz energética pasa por las redes de Transener, que es una empresa que después de la Revisión Tarifaria Integral que hizo el Gobierno en 2016 logró un funcionamiento adecuado. Y la compra de acciones por parte del Estado en Citelec permitió tener una empresa que da ganancias, en lugar de pérdidas, como es habitual en las empresas estatales.

En este sentido, considero que hubo un apuro infantil en vender porque las acciones estaban altas. En ese entonces, las 112 millones de acciones estatales en Transener tenían un valor de mercado cercano a los US$ 350 millones, y ahora andan por los US$ 120 millones, aproximadamente. Todo indica que alguien se entusiasmó con ese valor, pero hoy es imposible venderlas, sería un escándalo. Les daría argumentos a la oposición para discutir temas. No podría haber funcionarios que quieran vender en estas condiciones.

Desde el mismo Gobierno avisaron que en 2019 se podría concretar la venta de esas acciones…

Yo sugeriría que el que haya dicho eso, primero consulte con su jefe. Esto daría un dolor de cabeza adicional a un Gobierno que no se lo merece.

El decreto no fue bien concebido y las grandes misiones no se pueden implementar. Un tema que debió haber salido rápido era la venta de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López, que salieron los pliegos.

Centrales que ahora también bajaron de precio…

Bueno, si estamos discutiendo la tasación y los plazos después de un año, me animaría a decir que si seguimos así, va a pasar todo el Gobierno de Cambiemos con una parálisis total. El 10 de diciembre de 2015 el contratista principal paró la obra y, como estamos yendo, se corre el riesgo de que no se haga nada en 4 años.

Lo que se necesitaba no era el Decreto 882, sino uno específico para la venta de las tres centrales.

Usted marca un atraso en todos esos objetivos. ¿Por qué piensa que sucede: por desidia, por corrupción?

No creo que sea por corrupción, pero sí desidia, desorganización y falta de inteligencia. No creo que haya mala intención, pero los resultados no acompañaron, el resultado es cero.

Asignarle a Enarsa la terminación de la central carbonífera de Río Turbio y ser el comitente y concesionario de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz fueron malas decisiones técnicas y económicas, que redundan en atrasos y otros dolores de cabeza.

Y, por otra parte, haber recomendado vender Transener, que es el único activo de Enarsa que da ganancias, es equivocado desde el punto de vista político, técnico y económico.

Además, no puedo entender por qué el Decreto 882 no encomendó a Enarsa la terminación de una buena vez del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que faltaba para completar.

El ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa (colaborador del ministro de Energía, Juan José Aranguren) había dicho que se iba a finalizar el tramo entre Salta y Formosa para su conexión.

Pero no está en el Decreto y ahora nos enteramos de que la conducción actual asegura que no se va a terminar. Eso habla de una confusión enorme. Es una gigantesca obra parada. El kirchnerismo mostró cómo no se tiene que realizar una obra, por la poca transparencia con la que se manejó. Y que ahora no se termine merecerá una explicación por parte del Gobierno.

La puesta en marcha del GNEA debió haber estado en el Decreto, y no está. Y lo que sí está, no se hizo. Sería bueno que se cree una comisión para reformular el 882/2017.

Regreso con el tema de Transener, que usted dice que es el único activo que le da ganancias a la ex Enarsa, hoy Ieasa. Teniendo en cuenta eso, junto con el flujo de fondos esperados de esta empresa “estratégica en la transformación de la matriz energética”, ¿considera que la decisión del Gobierno de vender a privados las acciones del Estado obedece más a un punto de vista ideológico o técnico-económico? ¿No hay un vaciamiento del Estado ahí?

Transener es lo único que le da a Enarsa buenos resultados económicos. Cuando Enarsa importa Gas Natural Licuado (GNL), pierde dinero, al igual que cuando lleva adelante una obra, que tiene costos hundidos. También Enarsa tuvo sobrecostos y plazos largos de ejecución, lo que la hizo ineficiente.

No creo que haya vaciamiento del Estado o que la decisión obedezca puramente a lo ideológico, pero los abogados llevaron a tomar malas decisiones.

La ideología no autoriza a la toma de medidas sin sustento técnico-económico. Enarsa no tiene las cartas necesarias para llevar adelante la central de Río Turbio, y encomendarle eso habla de ignorancia, de algo erróneo.

No estoy en contra de que una central eléctrica se privatice, pero dárselo a Enarsa falta al sentido común, entendiendo la performance de esa empresa.

El Decreto 882 es un mal instrumento y si no se modifica pronto, no va a haber avances, con lo cual el tamaño del error podría ser más grande. Ya pasó un año, y para el 1° de noviembre de 2019, si algo no cambia, va a seguir todo igual.

¿Qué debería cambiar el Gobierno?

Reformarlo, achicarlo, hacerlo más entendible y circunscribirlo a objetivos más concretos. Si esto se hubiera hecho por ideológica, sería maldad. Pero el equipo que se equivocó ya no está más.

Pero Javier Iguacel vino y tampoco hizo nada para cambiarlo. Y en octubre le explotó el tema de las tarifas de gas con las compensaciones a las petroleras por la devaluación, seis meses después de que Aranguren y Cambiemos en general tuviera otro problema político por la cuestión tarifaria.

El nuevo está validando lo anterior. Y el problema se puede agravar.

¿Pero por qué el PRO no escucha a la Unión Cívica Radical (UCR) en los temas tarifarios?

La experiencia muestra que el radicalismo aporta de buena fe soluciones providenciales que le mejora la situación al Gobierno y le ayuda a salir de problemas complicados. En abril de este año se propuso la tarifa plana y Aranguren la desechó. Hoy Iguacel dice que lo va a implementar. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento?

¿Puede jugar solo el radicalismo en 2019?

Yo hablo únicamente como presidente del IAE Mosconi, pero creo que el radicalismo forma parte de Cambiemos. Por eso, no sería inteligente que desde el Gobierno sigan diciendo que Transener se va a vender en 2019, porque eso puede generar rispideces.

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