Necesidades fiscales y elecciones condicionan los precios del gas 

Break even del gas cercano a u$s 3 y problemas para el ministro Javier Iguacel. Las medidas que tomó el Gobierno para estimular la producción de hidrocarburos finalmente parece evidenciar que resultaron efectivas. La extracción de petróleo y gas tuvieron el mejor primer semestre desde 2010 y, siguiendo la lógica del mercado, los precios tienen a bajar en cuanto abunda la oferta y escasea la demanda.

Javier Iguacel, secretario de Energía a partir de la reestructuración del Gabinete, presentó en Houston, Estados Unidos, 70 diapositivas sobre la nueva visión oficial de Vaca Muerta, en un documento titulado “Plan Energético”. Lo que se destaca es que allí expuso que el break even del gas natural en la formación neuquina está cercano o incluso por debajo de los US$ 3 por millón de BTU (MMBTU), mientras que en petróleo el break even ronda los US$ 45 por barril.

En economía, se denomina break-even point al  umbral de rentabilidad, es decir cuando los costos totales igualan a los ingresos totales. A partir de este volumen mínimo de producción y venta, este producto será rentable para la empresa, en la medida que la empresa consiga seguir produciéndolo y vendiéndolo.

De esa forma, se entiende por qué el año pasado las empresas productoras de hidrocarburos se inquietaban tanto con bajar los costos de desarrollo en un contexto de bajos precios internacionales, y por qué saltó tanto su producción con el petróleo llegando a US$ 80 por barril.

Pero lo que podría parecer, a simple vista, una excelente noticia, no lo es tanto. Al mismo tiempo en que Iguacel intentaba seducir empresarios en el exterior, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (quien además ahora es el jefe inmediatamente superior), presentaba en el Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto 2019, en un documento de 4.500 páginas que explica, programa por programa, los fondos que el Estado destinará a cada dependencia pública.

Los subsidios a la producción de gas no convencional —en la Cuenca Neuquina y en la Cuenca Austral— serán de $ 28.700 millones o unos US$ 700 millones al tipo de cambio promedio señalado en el Presupuesto ($ 40,10 por dólar), que es, a su vez, el mismo que se registra en la actualidad. El año que viene se les pagarán a las petroleras que lograron ingresar en la Resolución 46/2017 un precio de US$ 7 por millón de BTU en los yacimientos que cumplan con los términos de la medida, de agregar producción no convencional de gas natural.

El sendero de precios establecido por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, planeaba cruzar esos valores con los reinantes en el mercado, que serían de US$ 6,80 en octubre de 2019, el mismo mes en el que el Gobierno debería ir por su reelección. Como lo que paga el Estado de la Nación en el subsidio a la oferta de gas natural de la 46/2017 es la diferencia entre el estímulo y el valor real promedio del mercado, los funcionarios se metieron en un laberinto difícil de salir, en medio de la intención de llegar al déficit cero, meta exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir garantizando los desembolsos que ayudan a Argentina a pagar sus obligaciones.

Tiempos, necesidades políticas y fuerte devaluación de la moneda nacional mediante, Iguacel impulsó una baja en los precios del gas natural, sobre todo en el fluido que se destina a la generación eléctrica (pasó de US$ 5,20 / MMBTU a unos US$ 3,40, con licitaciones competitivas) y también a las distribuidoras de gas natural. Para que los usuarios residenciales no terminen pagando la totalidad de la caída del peso también en sus facturas, se renegociaron las condiciones del mercado con precios mayoristas del gas natural a la baja: ya no será US$ 5,26 / MMBTU, como estimaba Aranguren y sus asesores, sino un monto más cercano a los US$ 3,50.

Como contrapartida a este “cuidado” que se le va a hacer a los usuarios hogareños de no aumentarles, en teoría, más de un 30% las facturas de gas (así lo promete el Gobierno y eso deberá verse reflejado desde el 1° de octubre), las petroleras ponen el grito en el cielo por lo que interpretan que es una nueva intromisión del Estado con un cambio en las reglas de juego a poco de andar el partido.  La necesidad fiscal de incluir un tope en la entrega de subsidios a empresas se cruza con la necesidad oficial de llegar competitivos a las elecciones presidenciales de 2019, para lo que se requiere una economía en vías de estabilizarse y un salario real en recuperación. Frente a tantos desequilibrios, propios y heredados, el Gobierno tiene que decidir sobre quiénes pesará el ajuste.

Si de la caja del Estado Nacional saliera la diferencia entre el US$ 7 / MMBTU de la Resolución 46/2017 y los US$ 3 o US$ 3,50 que promedia el gas en el mercado, se necesitarían entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones, más del doble de lo que Hacienda pretende desembolsar.

Detrás del cambio que sobrevino con la gestión Iguacel, que modificó esquemas beneficiosos para la inversión, algunos especialistas aluden, en privado, a la pérdida de credibilidad en un país que modifica constantemente sus reglas de juego. En una formación con Vaca Muerta, que necesita inversiones por US$ 10.000 millones anuales, jugar con fuego puede ser más peligroso que lo normal.