Una novela caribeña de alto vuelo

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La petrolera estatal venezolana, PDVSA, demandó a las principales firmas internacionales de comercialización de energía por su presunto rol de canalizar sobornos para corromper a funcionarios de la compañía a cambio de contratos fraudulentos de compra de petróleo.

La demanda fue presentada en Miami y se enfiló contra Glencore, Trafigura, Vitol y Lukoil —entre los nombres más conocidos—, los bancos BAC Florida Bank (capitales nicaragüenses), EFG international, A.G. Blue Bank international N.V. y decenas de personas y empresas del sector petrolero.

El pleito tiene como background una novela caribeña de alto vuelo donde corruptores y corrompidos integran un entramado que involucra miles de millones de dólares.

La demanda contra las mencionadas, pone de manifiesto los mecanismos manipulación en los precios de crudo, espionaje electrónico y hasta presuntos vínculos con carteles de la droga. En el escrito —al que tuvo acceso Energía&Negocios—, se alega que se engañó a la empresa de propiedad estatal que fue perjudicada en miles de millones en ingresos desde 2004.

Tiene la palabra

Para llevar adelante la demanda Petróleos de Venezuela formó un fondo especial creado por ese fin bajo el nombre “PDVSA US Litigation Trust” y David Boies, un reconocido abogado de Nueva York es quien lleva adelante la demanda en representación de PDVSA.

Boies también lleva adelante otros dos casos políticamente complicados que tensan las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, dijo que “la demanda fue motivada por la determinación del gobierno venezolano de demostrar que toma en serio la corrupción.”

La demanda fue interpuesta mientras EE.UU. impulsa una investigación sobre corrupción en PDVSA, y la administración Trump que amenaza con paralizar las sanciones petroleras en el país que se encuentra sobre una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

Boies dijo que la queja de 60 páginas se lee como una novela de John Grisham, lo que refleja el comportamiento anárquico de los funcionarios de PDVSA y las compañías petroleras internacionales durante más de una década. Vitol, Glencore, con sede en Suiza, Trafigura y Lukoil, de Rusia, están entre los más de 40 demandados, incluidos comerciantes deshonestos, otras firmas multinacionales de energía, compañías ficticias, funcionarios de nivel medio de PDVSA y un banco de propiedad nicaragüense en Florida.

Inside information

El plan para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia, así como para robar información altamente confidencial mediante la clonación de servidores de la compañía, llevada a cabo por dos ex altos funcionarios de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero.

En 2004, los dos venezolanos establecieron en Panamá una firma consultora, Helsinge Inc., que también tenía oficinas en Miami, Ginebra y la isla británica de Jersey. La compañía actuaba como consultora y fue el conducto por el que supuestamente, algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA obtuvieron información privilegiada sobre las licitaciones de PDVSA para las exportaciones de petróleo, así como la compra del crudo liviano que Venezuela utiliza para refinar su crudo pesado.

La demandante alega que entre otras actividades ilícitas, un “servidor clonado” fue instalado en las oficinas de Helsinge en Miami por un administrador de TI de PDVSA apodado “el Nerd” para dar a los intermediarios y sus clientes acceso en tiempo real a la información sobre ofertas competidoras y futuras licitaciones.

A cambio del adelanto y otras ventajas, Helsinge, que no estaba autorizada a realizar transacciones directamente con PDVSA, habría cobrado fuertes sumas de dinero mensuales y en la demanda se los describen como “co-conspiradores de la compañía petrolera”.

Además se habría documentado también que perciberon “compensaciones” mensuales que iban de los 15 mil a los 150 mil dólares, además de un pago que iba entre los 5 centavos y los 22 centavos por cada barril de petróleo que se vendía a las empresas envueltas en la red de corrupción. Parte de ese dinero fue pagado por las compañías panameñas en forma de sobornos a cuatro gerentes de PDVSA, uno de los cuales es Ysmael Serrano, vicepresidente de Pdvsa.

Principio del fin

La trama se descubrió tras el arresto en noviembre pasado del ex ministro chavista de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del Pino, hombre importante del régimen de Nicolás Maduro en el marco de una investigación de corrupción.

Según señala Reuters, las investigaciones apuntan a que más de US$ 11.000 millones habrían desaparecido de las arcas de la empresa estatal en los últimos diez años.

Venganza con aroma de mujer

Wilmer Ruperti es un empresario y magnate del transporte petrolero marítimo venezolano y que posee contratos con PDVSA, para la distribución del crudo hacia los cuatro puntos cardinales.

Ruperti y Morillo se conocen desde hace más de dos décadas y tuvieron una estrecha relación que condujo a Morillo a ocupar posiciones privilegiadas en Trafigura de Venezuela, de la que Ruperti era representante en la época.

Francisco Morillo —quien posee nacionalidad venezolana y francesa— tenía 26 años cuando empezó a trabajar con Ruperti. Para ese entonces, Morillo lograba una cantidad de negocios importantes en el área petrolera y de energía para Trafigura que lo retribuía con comisiones ganadas en la negociación. Al parecer, las comisiones no fueron suficientes para mantener al operador satisfecho y las diferencias entre Ruperti y Morillo terminaron con una ruptura de la relación comercial. Tras el distanciamiento, Morillo empezó como cuantapropista.

Pero la vieja amistad se convirtió en un incordio, tras relación sensorial ocurrida entre Ruperti y Vanessa Acosta Fridman, esposa de Morillo.

Finalmente las viejas riñas dieron paso a las acciones de vengaza  y así, la mayoría de los documentos del caso, el grueso de la prueba documental presentada en la demanda fue suministrada por la dolida esposa de Morillo, de la que se encuentra actualmente separado.

Entre el material presentado por la mujer se encuentra la copia del disco duro de la laptop de Morillo que contiene miles de correos electrónicos que brindan amplios detalles sobre la conspiración.  Algunos analistas cercanos al asunto sostienen que Wilmer Ruperti estaría detrás de esta acción civil del fideicomiso de PDVSA contra más de 40 demandados.

Más controversias

En febrero pasado, los fiscales de Houston revelaron los cargos contra cinco ex altos funcionarios, incluido un viceministro de petróleo, por tomar sobornos. La acusación formal alega que el ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, fue uno de los beneficiarios de los pagos ilegales.

Ramírez salió de Estados Unidos en busca de un lugar no revelado después de renunciar como embajador en las Naciones Unidas en diciembre y desde entonces ha sido blanco de una investigación por corrupción en Venezuela que ya ha llevado al arresto de docenas de empleados, incluido su sucesor. Sin embargo, Ramirez no fue nombrado en la demanda civil.

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