En una dura nota dirigida al Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, la cúpula del radicalismo manifestó su oposición a la venta de la “transco”
El gobierno nacional ha decidido transferir al sector privado la participación de la estatal Enarsa en Citelec S.A. sociedad de objeto único y controlante de Transener, empresa que desde 1993 opera en nuestro país el sistema de transmisión eléctrica en alta tensión.
El año pasado en vísperas de las elecciones de octubre, el gobierno nacional le hizo una oferta de US$ 27 millones por el el 25% de Citelec a Electroingeniería, propiedad de Gerardo Ferreira, personalmente “hecho” pero complicado en las finanzas de sus negocios grandes.
Mediante un decreto, se dispuso la venta de la participación de Enarsa en Transener porque consideró que “la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado nacional o de Enarsa en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio”.
Transener es la columna vertebral del sistema eléctrico argentino. Tiene la concesión del Transporte en Extra Alta Tensión en 500KV en todo el territorio por los próximos 65 años, y es por sus caracteresticas un monopolio natural. Tiene la tecnología y know how para promover nuevos proyectos o desalentar su ejecución, si no fueran de interés para sus accionistas, máxime si estos tienen interés an alguna otro segmento del mercado eléctrico. Además, Transener es propietaria de otro monopolio natural de carácter estratégico: la empresa Transba que realiza todo el transporte en alta tensión de la Provincia de Buenos Aires, la más poblada de la Argentina.
Reacción
El radicalismo reaccionó de inmediato y enviaron una nota al ministro Juan José Aranguren. En la nota, los de boina blanca criticaron la Decisión Administrativa MINEM W527-E/2017 del 28 de diciembre último promulgada por el secretario de Coordinación Administrativa del Minem, el ex JP Morgan, ex Dustche Bank, ex Pampa y ex amigo de Boudou, Marcelo Pedro Blanco, el hombre de Marcelo Mindlin en el Minem.
La nota fue firmada por la cúpula del radicalismo encabezado por Angel Rozas, Jorge Sappia, Alfredo Cornejo y Mario Negri con el apoyo de la los equipos de la Fundación Alem.
En la nota los radicales señalan que la mencionada Decisión Administrativa “nos ha sorprendido por su contenido y que se reflejara en la implementación del Decreto 882/2017.” Según fuentes radicales, el centenario partido no se opone a la fusión de Enarsa y Ebisa, ni a la venta de otros activos, incluso sostienen que impulsaron el proceso de compra por parte de Enarsa, en septiembre de 2016.
Según se afirma en la nota la UCR impulsó la compra por razones económicas, por razones estratégicas y por razones de política energética. La entrada de Enarsa en el directorio de la misma fue fundamental para mejorar el funcionamiento de la empresa con resultados económicos altamente convenientes para el Estado argentino y para Enarsa en la mejor operación económica de toda su historia.
La compra de las acciones en venta le permitió a la empresa Enarsa —perteneciente al Estado nacional y a 10 provincias argentinas— adquirir un número suficiente de acciones para detentar en la actualidad el 50% de las acciones de control de la empresa controlan de Transener, Citelec. El Estado posee, además, a través de la Anses, el19% de acciones (clase B) y es, a consecuencia de ello, el mayor accionista de la empresa. El resto del paquete societario se encuentra en manos del grupo empresario Pampa Energía, inversores privados y accionistas independientes.
En la nota, los radicales dicen que desde la compra de Enarsa en 2016 Transener ha mejorado su performance económica y técnica gracias al abandono de las políticas de congelamiento tarifario impuestas desde la administración kirchnerista mejorando su situación de crónico quebranto a que fue sometida en los últimos tres lustros.
Después de realizada por parte del Gobierno nacional la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y que entró en vigencia en febrero de 2017, la compañía presentó un Cuadro de Resultados y Balance General con ganancias que la exhiben como una empresa eficiente y eficaz.
Sus acciones se han valorizado en 2017 siendo la segunda acción con mayor crecimiento en el año 2017 dentro del Panel de Acciones Líderes, con un 172%, muy por encima del promedio de crecimiento anual de las acciones del panel MERVAL.
En la nota señalan también que el Partido sólo se opone a la venta de Transener y no de las centrales témicas y que además realizó diversas manifestaciones públicas apoyando la decisión gubernamental.
Una critica realizada sotto voce es la referida al posible desembolso de $24,2 millones a una consultora para evaluar los activos de Enarsa en Transener, la compañía elegida deberá realizar una valuación de las acciones de Enarsa en Citelec (donde el Estado es socio de Pampa Energía), trabajar en el asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso de enajenación de esa participación accionaria y asistir al Ministerio de Energía durante la negociación y el cierre financiero de la operación. El plazo de ejecución de la consultoría es de seis meses. Por lo tanto, se supone que a fines de junio la venta debería estar concretada.
La respuesta
La nota de respuesta del ministro Juan José Aranguren no se hizo esperar.
Negó que Transener sea una empresa publica y dijo también que “nunca ejerció sus derechos como accionista designando directores que implicaran la presencia del Estado nacional en Transener”. Según los radicales, Aranguren abundó innecesariamente en cuestiones de forma con el aparente objetivo de resaltar errores menores, pero sobre el fondo de la cuestión el ministro dejó de lado los principales cuestionamientos de la UCR.
Según fuentes de la Fundación Alem, el ministro cometió el error de indicar que el Estado nacional no es el controlante de Transener, lo que se demostraría fácilmente por la estructura accionaria de dicha empresa donde el Estado a través de Enarsa y ANSES posee el 46 % del total accionario; siendo la empresa Pampa Energía tenedor del 26% de las acciones y por lo tanto es una empresa pública sujeta a los controles previstos en la Ley 24.156, cuyo artículo primero establece que “La presente ley regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional”.
Enarsa (empresa de propiedad del Estado nacional y de los estados provinciales y Según la Res. 24/2011 de la Secretaria de Hacienda, corresponde a Enarsa de acuerdo al catálogo de cuentas del clasificador institucional la denominación 1.2.5.56.00.510 como empresa del Estado, Sociedad Anónima) sujeta ella misma a la ley 24.156 como empresa pública es accionista co-controlante de Transener al poseer el 50% de las acciones clase A, El Control de la Compañía Transener es ejercido por la empresa CITELEC de la cual Enarsa es propietaria en un 50% , siendo el otro 50 % propiedad de la Empresa Pampa Energía
El ministro afirma en su nota de respuesta a la UCR que el Estado nacional no tiene participación estatal mayoritaria en TRANSENER, la SIGEN en aplicación del artículo 114 de la Ley 24.156 considera todo lo contrario, haciendo uso de la facultad de la designación de sus funcionarios para integrar la comisión fiscalizadora, justamente por interpretar que el Estado nacional SI tiene mayoría estatal. Además si bien, el segundo párrafo de ese artículo establece que la SIGEN podrá también designar síndicos en sociedades con participación estatal (no mayoritaria), la nota del ministro debió al menos justificar su posición con fundamento legal, cosa que no hizo. Para los radicales, no es correcta la afirmación del ministro que Enarsa “nunca ejerció sus derechos como accionista designando directores que implicaran la presencia del Estado nacional en Transener” ya que Enarsa, ANSES y la propia SIGEN tienen injerencia en Transener, donde han designado Directores y Síndicos, a los fines de ejercer sus derechos societarios y de fiscalización.
Advirtieron también que, probablemente, el error del Ministro se produce porque los Directores de Enarsa durante el período de sociedad con Electroingeniería (2008-2015) no “ejercieron” sus derechos accionarios, aun habiendo sido formalmente designados, por razones dicen, que hoy investiga la Justicia. La UCR entiende que se trató de una situación anormal y que Enarsa y sus directores debieron representar cabalmente los intereses del Estado en Transener como lo han hecho desde 2016 hasta el presente.
El debate está abierto aunque todo indica que la suerte está echada para Transener.
