El gobierno comienza a poner un ojo en las térmicas

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Mediante la Resolución 4-E/2018 el Minem declaró como “obra crítica” a los proyectos de generación denominados “Central Térmica Matheu”, ubicado en el Partido de Pilar; “Central Térmica Las Palmas”, ubicado en la Localidad de Las Palmas, Partido de Zárate; y “Central Térmica Luján”, ubicado en el Partido de Luján, todos de la Provincia de Buenos Aires. Todos proyectos ejecutados por la firma Araucaria Energy Sociedad Anónima.

El fundamento de la decisión se encuentra en el Art. 34 de la Ley Nº 26.422 y la Ley Nº 26.360, que exime del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la importación para consumo de las mercaderías nuevas y no producidas en el país, destinadas a obras de infraestructura dedicadas a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica.

Cabe recordár además, que la norma se hace extensiva a la prospección, exploración, producción y explotación de gas y petróleo y la constitución de nuevas refinerías de petróleo además del transporte, almacenaje y/o distribución de hidrocarburos.

La norma se publica en momentos en medio de una “guerra” desatada contra las centrales por parte de un grupo de vecinos de Pilar motorizados por por intereses políticos e inmobiliarios. Escudados en una Ong, los vecinos interpusieron un amparo para frenar la construcción y operación de las centrales ante el juez Adrián González Charvay.

Charvay ordenó la paralización de las obras y los ensayos finales de la usina Matheu II que ya estaba habilitada para entrar en servicio y decretó la prohibición del uso del recurso hídrico subterráneo y el vertido de efluentes líquidos por parte de APR Energy.

La resolución del Minem, si bien es de carácter impositivo —en referencia a la importación de los bienes utilizados en la construcción— por el “timming” de la misma, puede leerse como un mensaje al Poder Judicial respecto de la importancia y necesidad de la operación de dichas centrales.

No obstante, entre los considerandos, la Resolución deja en claro que la misma es de aplicación independientemente de que la obra se encuentra alcanzada por la suspensión ordenada como medida cautelar en la causa “Juvevir Asociación Civil c/ Apr Energy s/daños varios” en trámite ante el Juzgado Federal de Campana,  ello no obsta a considerar cumplidos los requisitos previstos en la normativa para ser declarado como “Proyecto Crítico”.

Los verdaderos interesados en promover el escándalo moran en las inmediaciones de las plantas y se suma a los desarrolladores inmobiliarios que oportunamente nada le dijeron a sus clientes respecto de la zonificación en la zona sobre la ruta 25, un parque industrial abierto. Dicen también que el juez tiene una quinta en la zona.

Hay también otros interesados en crear el conflicto. Se trata de kirchneristas cuyo único fin es voltear al intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté. Los intereses de los vecinos y los del kirchnerismo, que a priori pueden parecer contrapuestos, forman una arcana sinergia que tiene una inusitada fuerza política. Así, lo vecinos bien intencionados terminan empedrando el camino al infierno.

Organismo Encargado del Despacho

El gobierno ya había encendido las luces de alerta en el tema. Un documento de Cammesa de diciembre indicaba que disponer de la generación de la central Matheu II será fundamental para el normal funcionamiento de una parte importante de la demanda del área norte del GBA, ya que ella permitirá evitar y/o disminuir la ejecución de cortes a la demanda para soportar la disminución en la capacidad de transmisión.

De no contar con de las centrales, ante una situación de indisponibilidad de las líneas y transformadores que alimentan la zona, el abastecimiento se vería afectado llegando a requerirse cortes en el área durante las horas de mayor demanda que en el invierno se dan durante la noche (de 19 a 23 aproximadamente) y en verano durante más horas del día (de 12 a 17 y de 20 a 23 aproximadamente).

Las centrales también son importantes para la operación del Área eléctrica GBA en su conjunto, sobre todo ante los necesarios y extensos mantenimientos programados en generadores de las centrales eléctricas emplazadas en la zona ribereña (Nuevo Puerto, Puerto Nuevo, Costanera y Dock Sud), dado que en esos escenarios la capacidad de importación del Área GBA se encontraría comprometida para poder abastecer adecuadamente toda la demanda vinculada a la misma.

La Estación Transformadora (ET) Matheu alimenta los partidos de Pilar, Escobar, Tigre, José C. Paz, San Fernando, San Isidro, Vicente López y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un 15% de la demanda del área del GBA. Dicha ET está practicamente en el límite de su capacidad de abastecimiento. Por su ubicación, la generación de la central Matheu II producirá la descarga de las instalaciones que alimentan la ET al límite y a su máxima potencia y aportará una operación más confiable y segura para abastecer la demanda del área.

Con respecto al uso de combustibles, la operación de la central con combustible líquido sólo se prevé en ocasiones en donde no se disponga de gas natural y que el despacho de la usina sea imprescindible para alcanzar el adecuado abastecimiento de energía eléctrica a la demanda del área.

Hacéte amigo del juez…

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay trabajó en la Justicia junto al fallecido fiscal Alberto Nisman y también lo hizo junto a su ex esposa, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

Charvay está a cargo del Juzgado Federal de Campana desde 2009, año en que fue destituido su entonces titular, Federico Faggionato Márquez, por mal desempeño en la instrucción de una causa por presunto tráfico de efedrina. En ese momento, González Charvay asumió como subrogante y al poco tiempo se inscribió en el concurso abierto para cubrir esa vacante.

Comenzó a trabajar en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro en 1991, un año antes de recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por esos años, el Juzgado estaba a cargo de Roberto Marquevich, otro juez destituido. Marquevich ya había sido su jefe en un juzgado de instrucción penal de la Capital Federal entre 1989 y 1991 y ni bien fue designado en San Isidro, nombró a González Charvay como prosecretario administrativo.

En diciembre de 2002, cuando González Charvay era su secretario penal, Marquevich ordenó la detención de la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en una causa que investigaba la presunta adopción irregular de sus dos hijos. Esta decisión, años más tarde, le costó el cargo al magistrado.

A los pocos meses de la llegada de Arroyo Salgado al Juzgado, González Charvay se fue a trabajar con su entonces esposo, el fiscal Nisman, a la Unidad Fiscal encargada de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA. Trabajó tres años en esta fiscalía, hasta que en 2009 fue nombrado secretario letrado de la Defensoría General de la Nación. En diciembre de 2009, tras la remoción de Faggionato, fue designado subrogante en Campana.

Tuvo a su cargo la investigación por el crimen de Matías Berardi, secuestrado y asesinado en 2010; elevó a juicio oral al ex subcomisario Luis Patti, procesado por delitos de lesa humanidad; y anuló la citación a indagatoria del diputado Francisco De Narváez dispuesta por su antecesor Faggionato en la causa de la efedrina.

González Charvay es profesor adjunto en la cátedra de Teoría Constitucional a cargo de María Fernanda Vázquez en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y adjunto del camarista platense Carlos Compaired en la materia Derecho Procesal Penal y Correccional de la misma universidad.

En junio de 2015, tras superar el concurso del Consejo de la Magistratura y obtener el pliego del Senado, fue nombrado titular del Juzgado Federal de Campana.

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