Opinión

El camino recorrido

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Muchos son los logros de la actual gestión de gobierno citados en esta nota, pero quedan todavía medidas pendientes por lo que el Gobierno deberá bajar al llamado costo argentino

Emilio Apud *

Transcurridos dos años del Gobierno del Presidente Macri, el balance de lo realizado en el sector energético es positivo, aunque signifique solo una pequeña parte de lo que resta por hacer para sacarlo del estado de colapso en que lo dejó el kirchnerismo luego de 12 años de impronta intervencionista y corrupta.
Lamentablemente la sociedad no se enteró de la gravedad de la situación, salvo aquellos que padecieron alguno de sus síntomas como cortes y desabastecimientos.

El nuevo gobierno fue renuente a describir la situación de colapso con que recibía al sector y los perjuicios que ocasionaba a la economía toda. De ahí la resistencia lógica al sinceramiento tarifario y la judicialización consecuente del proceso que produjo efímeras satisfacciones a los usuarios al postergarse los aumentos pero a costa de dilatar sus consecuencia como, inflación, elevados impuestos y servicios deficientes.

Recordemos que la intervención de la Justicia parando los ajustes tarifarios significaron en 2016 subsidios por más de USD 12.000 millones.

Sí, se avanzó en la normalización de aspectos institucionales, legales y económico que permiten confiar en que el sector energético se recuperará en dos o tres años logrando las capacidades necesarias para desarrollar los inmensos y variados recursos que posee, abastecer adecuadamente a las demandas domésticas y generar saldos exportables de envergadura.

Se normalizaron los entes reguladores de los servicios de electricidad y gas, ENRE y ENARGAS; y se efectuaron las RTI, o revisión tarifaria integra, con las empresas reguladas lo que permite ahora a la autoridad de aplicación exigir los niveles de calidad y confiabilidad de los servicios que prestan.

Se inició el proceso para modificar la matriz energética reduciendo la desproporcionada participación de hidrocarburos, cerca del 80%, introduciendo energías renovables.

En este sentido las tres licitaciones para renovables realizadas hasta la fecha, significan inversiones por más de USD, 15.000 millones, y ofertas con precios de la energía de hasta un tercio de los que obtenía la anterior administración. Se espera de este modo hacer factible el ambicioso proyecto de lograr un aporte no renovable de un 20% de la generación total del país para 2025. La mayoría de la energía a incorporar es de origen eólico y solar, y dada su ubicación en el territorio argentino permitirá la creación de polos de desarrollo regionales.

Se sancionó la ley de energías distribuidas que facilitará - junto a la creación de las Smart Grids de las distribuidoras a la acentuada baja de costos de los paneles solares y al acceso a créditos blandos de los particulares - hacer realidad lo que es práctica común en muchas ciudades del mundo donde interactúan distribuidor o comercializador de electricidad y usuario mediante el intercambio de datos y energía. Se mejoraron las condiciones contractuales del proyecto hidroeléctrico en el río Santa cruz, Cóndor Cliff y La Barrancosa, adjudicado por el Estado nacional, en los últimos días del gobierno kirchnerista al consorcio liderado por la firma china Gezhouba Group , acompañada por la argentina Electroingeniería , exponente del capitalismo de amigos aplicado a las contrataciones post 2003.

Las modificaciones permitieron adecuar el proyecto a las normas ambientales de aplicación que exigiera La Corte, entre ellas la no afectación del glaciar Perito Moreno para lo cual fue necesario replantear estructuras y áreas de inundación, bajando la potencia instalada pero con poca variación de la energía a producir. El ahorro que significó este rediseño permitirá financiar parte de la línea de transmisión para conectarse a la red nacional. Hay que aclarar, ante opiniones poco responsables que se oponen a este proyecto, que el no haber respetado el contrato de adjudicación atado a un cross default hubiese hecho caer los proyectos con financiación china entre los que se destaca el Belgrano Cargas, además de los miles de millones que los tribunales internacionales de referencia hubiesen sentenciado pagar a nuestro país con las costas correspondientes.

Pero el daño mayor a mi criterio hubiese sido dar un gran paso atrás, en el objetivo del gobierno por recuperar credibilidad y seriedad ante el mundo, que será en definitiva de donde vendrán las inmensas inversiones que la recuperación y el desarrollo a pleno de nuestros recursos energéticos requieren. Otro hecho consumado por el kirchnerismo, sospechosamente también al final de su último mandato, fue el acuerdo nuclear de nuestro país con China de provisión y montaje de dos reactores nucleares para producir electricidad por un valor del orden de los USD 12.000 millones.

Hay que recordar que cuando se plantearon estos proyectos al igual que el de las centrales en el río Santa Cruz, fueron denunciados con fuertes críticas por el grupo de Ex Secretarios, aunque en vano.

El acuerdo nuclear con China establece una primera central, Atucha III, con combustible uranio natural moderado por agua pesada y con similar tecnología Candú, que la central nuclear de Río III. La segunda prevista en el acuerdo, quinta en nuestro país, significa migrar a la tecnología de uranio enriquecido. Y aquí otra vez el actual Gobierno quedó condicionado por el fait accompli no pudiendo anular el acuerdo y replantear sin condicionamientos circunstanciales nuestro futuro nuclear mediante la realización de un minucioso estudio de factibilidad técnico económico financiero y ambiental que definiese, si eran necesario dos centrales, sus características y, lo más importante, elegir de la amplia oferta internacional, qué tipo de tecnología en base a uranio enriquecido adoptar. Recién allí llamar a licitación internacional con total transparencia.Pero al haber estado la decisión en manos del régimen anterior, por razones fácil de imaginar, esto no sucedió.

Hoy las actuales autoridades continúan negociando la modificación de algunos aspectos del proyecto a introducir en el contrato teniendo en cuenta los límites fijados en el acuerdo entre ambos países para dar inicio a la construcción de la primera de esas centrales durante 2018.

Tal vez esta sería la oportunidad para replantearse la permanencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el ámbito del MINEM.

Otro hecho significativo, pero aún no aclarado del todo, es la eliminación de la empresa del estado ENARSA, herramienta pensada y creada por el kirchnerismo en 2004, para cometer todo tipo de irregularidades mediante diversas actividades como: importaciones de gas y combustibles, construcción y operación de centrales térmicas, construcción de gasoductos, ingreso ilegal de dinero con fines políticos o particulares, como el transporter Antonini Wilson en un avión de la empresa en el que viajaba su presidente, y muchas otros delitos por el estilo.

Paradójicamente del objetivo asignado para su creación, la exploración y producción de hidrocarburos en el Mar Argentino, no se obtuvo ni una gota. Terminar con ENARSA, era una asignatura pendiente del Gobierno. Con tal fin el MINEM acaba de crear por Decreto la empresa Integración Energética Argentina SA, IEASA, recurriendo a la parte rescatable de las organizaciónes de ENARSA y de EBISA, otra empresa que se encargaba principalmente de las centrales binacionales y que también desaparecerá. Sería recomendable que IEASA, se organizara en función de los proyectos que tendrá a su cargo, como: la supervisión de las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, la conclusión del disparatado proyecto carbonero eléctrico de Río Turbio, la venta de las centrales térmicas en poder de ENARSA y concluir su intermediación en la importación de LNG. Es decir, para que IEASA, cumpla un rol acorde con la política energética que plantea el Gobierno, debería estar formada por UPEs, Unidades para Proyectos Específicos, con personal altamente calificado y, una vez concluidos los mismos, cerrar esas unidades, de manera que en 15 o 20 años IEASA desaparezca.

En el área hidrocarburos, se acaba de liberar casi por completo el mercado de los combustibles. Casi, porque hasta el año 21, el precio de los componente bío que por ley las petroleras deben agregar a las naftas y al gas oil seguirán regulados por el Estado. También cerca de esa fecha el mercado del gas mayorista estará liberado, tanto en precio como en transacciones, importaciones y exportaciones. Recién entonces se habrán ordenado todas las variables en el sector petrolero y a partir de allí, salvo para los servicios regulados aguas abajo, primará la libre competencia, con referencia a precios internacionales. Ante este escenario, la factibilidad del negocio energético para las empresas, dependerá básicamente de sus costos y también de sus habilidades para la comercialización de sus productos.

Para lograr los objetivos que aún falta alcanzar, el Estado inexorablemente deberá bajar el llamado costo argentino. De no hacerlo los usuarios de servicios regulados se verán sometidos a tarifas altas y los recursos energéticos locales no podrán ponerse en valor al no ser competitivos internacionalmente. Será necesario entonces que el gobierno se concentre en remover los obstáculos que hacen a ese costo argentino, entre los que destaco; infraestructura, logística, avidez recaudatoria, visión cortoplacista, conflictividad gremial, activistas descendientes de mapuches y obstruccionismo ambiental.

No será tarea fácil removerlos y además que no vuelvan, por ser todos defectos crónicos y arraigados en nuestra estructura económica. Por eso para superar los condicionantes en forma perdurable, se debería recurrir a consensos amplios entre el Estados y todos los grupos de interés del el sector.

* Ex secretario de Energía y Minería, Director de YPF

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