ECONOMÍA & POLÍTICA

Brasil: la ley petrolera cambia y favorece la participación extranjera

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó anoche la reforma en la ley petrolera, que permite el control de las empresas extranjeras en los mega-yacimientos submarinos e implica la reducción de la participación de la estatal Petrobras

Brasil: la ley petrolera cambia y favorece la participación extranjera

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó anoche la reforma en la ley petrolera, que permite el control de las empresas extranjeras en los mega-yacimientos submarinos e implica la reducción de la participación de la estatal Petrobras.
El proyecto del canciller José Serra fue votado por 292 contra 101 y 1 abstención, y retira la obligatoriedad de Petrobras en operar con al menos 30%, como marca la ley actual, en todos los campos petroleros descubiertos en 2007, y que configuran el nuevo horizonte de los hidrocarburos de Brasil.
La medida era una de las apuestas políticas del presidente Michel Temer para mostrar una legislación petrolera que redujera la participación estatal, y aumentara la de las petroleras extranjeras en los campos de petróleo ubicados a 6.000 metros de profundidad, en la capa geológica pre-sal.
La medida fue rechazada por los partidos de izquierda y de varios parlamentarios independendientes, además de la Federación Única de los Petroleros (FUP),
Luego de varias horas de discusión, el gobierno logró destrabar la decisión que ya había sido aprobada en el Senado."Petrobras no tiene capacidad financiera para ser obligatoriamente la operadora única del pre-sal, ya que tiene una deuda de cerca de unos 27.000 millones de dólares. Esto la torna una empresa inviable", dijo el relator de la propuesta, el diputado Carlos Aleluia, del conservador Demócratas, aliado a Temer.
El nuevo gobierno de Temer puso al frente de Petrobras a Pedro Parente, un ex funcionario de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que anunció una reducción del 25% en la inversión de la empresa hasta 2020 y comenzó a vender activos, como el gasoducto del sudeste a la canadiense Brookfield.
La empresa, eje de una investigación por corrupción y sobornos en contratos, es la líder mundial en exploración petrolera offshore.
La región del pre-sal, frente a las costas de los Estados de San Pablo y Río de Janeiro, por su alta calidad (28 grados API) está bajo una ley de 2010 del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para que la explotación tenga al menos 30% de participación de Petrobras en los consorcios.
Estos campos petroleros, a diferencia de los terrestres, tienen el régimen de división de lucro y no de royalties, con lo cual el Estado recibe directamente dinero del petróleo extraído por el consorcio operador.
Hasta el momento, apenas fue concedido un campo petrolero, llamado Libra, a 170 kilómetros de la costa de Río, con capacidad para la producción de  entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo, en un consorcio entre Petrobras, las chinas CNPC y CNOOC, la francesa total y la anglo-holandesa Shell.
"Este cambio de ley, sacando a Petrobras de la posición estratégica del pre-sal y reduciendo su participación y ganancias en los próximos campos petroleros es entregar nuestra riqueza petrolera a las multinacionales. El gobierno de Temer y sus aliados tienen que tener coraje para admitir que están entregando el petróleo de Brasil a las grandes empresas", dijo José Guimaraes, del Partido de los Trabajadores.
Según un informe de los técnicos del Congreso, con la nueva ley Petrobras hubiera perdido en el campo de LIbra unos 15.000 millones de dólares que ya se lleva recaudado con la exploración en el campo submarino.
La norma indica que el presidente de la República tendrá la autoridad para determinar si Petrobras puede o no participar de las próximas concesiones exploratorias, cuando ahora la compañía está obligada a tener al menos un 30% en los proyectos.
La ley fue aprobada en general -restan aspectos normativos- con la protesta en las galerías de sindicalistas de la FUP, que gritaban "golpistas" y "entreguistas", mientras que los oficialistas respondían con "ladrones del dinero público".
El cambio de la ley petrolera hecha por el gobierno de Lula fue motivo de una dura oposición por parte de Serra, el actual canciller que fue candidato presidencial derrotado por Dilma Rousseff en 2010.


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