INTERNACIONALES

Crónica de una resolución anunciada

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La regasificadora del Uruguay, un proyecto al filo de lo posible que por ahora, no podrá ser

Crónica de una resolución anunciada

Durante los últimos años, los altos precios de los productos primarios entusiasmaron al gobierno uruguayo que se embarcó en una decidida campaña para modificar su matriz energética. Las razones aducidas estribaron en el retraso tecnológico y en la falta de inversión en el sector de generación y de paso, en la reducción de las emisiones de gases que producen efecto invernadero.

Esto último –importante para el Uruguay– pensando en el largo plazo y ante la eventualidad de la implantación de barreras ambientales paraarancelarias del primer mundo para con los productos primarios.

Desde entonces, el Uruguay ha invertido sumas inéditas en instalar molinos eólicos, interconexiones eléctricas, desarrollar plantas de bioetanol, plantas de biomasa, energía fotovoltaica y en el respaldo térmico de las fuentes de energía no gestionable, con una térmica de última generación. Adicionalmente se estudia desarrollar la energía distribuida con smart grid.

Durante el 2014 la matriz energética demandó aproximadamente unas 5.200 Ktep, donde la biomasa y la hidro aportaron 2.600 ktep, mientras que la eólica aportó 63 ktep.

Es preciso mencionar que en el camino de reducir las emisiones, el Uruguay renunció al desarrollo nuclear y lo hizo de un modo poco claro,  firmando entre el Poder Ejecutivo, ministros y directores, un documento secreto –algo un tanto inadecuado para un país con fama de democrático– del que apenas trascendió su existencia.

Petróleo

A las inversiones en energía limpia, deben agregarse enormes inversiones en la búsqueda de hidrocarburos. En junio de 2008 durante una gira por México el presidente Tabaré Vázquez anunció el hallazgo del tan ansiado recurso. “Me han confirmado que, efectivamente, lo que se había detectado en la plataforma continental del Río de la Plata a unos 150 kilómetros de la costa de Punta del Este, es efectivamente gas natural. El yacimiento de gas está ubicado en aguas territoriales uruguayas a unos 150 kilómetros de la costa de Punta del Este y a 600 metros de profundidad, por lo cual su extracción es “relativamente sencilla”.

Casi ocho años después y con el crudo a la mitad de precio, la francesa Total asociada con Exxon buscará, este verano, obtener el veredicto del  trépano.

Convicciones

Pese la contundencia del anuncio el olvido cubrió el asunto y el paisito apuntó a la construcción de una planta regasificadora para alimentar el respaldo a las fuentes alternativas, un ciclo combinado con tres turbinas Hyundai de última generación (177mw c/u) con una inversión de US$ 530 millones, la térmica demandará 1,5 MMm3/día de gas, lo que demuestra que la convicción sobre la existencia de los hidrocarburos no era muy firme.

La regasificadora que no fue... por ahora

Alimentar con gas natural la central térmica planteó un verdadero desafío. En primer lugar, existe una interconexión gasífera con Argentina donde hay transporte pero no gas. El gasoducto Cruz del Sur está operativo pero sólo alimenta los 300 Mm3 que demandan los usuarios residenciales montevideanos. Pese a la pérdida de autoabastecimiento de gas, los hogares uruguayos conectados a la red, nunca dejaron de recibir el recurso.

La demanda total de gas del Uruguay con térmica y todo podría alcanzar un promedio de 2 MMm3/d. Para el suministo, la solución estaba en una planta regasificadora, sobre todo atendiendo a los costos internacionales del crudo y derivados en comparación con los precios más competitivos del GNL.

La idea de la planta terminó haciendo carne entre los orientales, sin embargo no quedó del todo claro cuál debía ser su escala.

El proyecto comenzó a tener color ante la posibilidad de colocar el recurso en la Argentina inyectando en el anillo metropolitano directamente, así se viabilizaría el proyecto porque todas las prospectivas de demanda argentina -incluso las más optimistas- indican que el GNL se seguirá importando por varios años.

La idea resultaba atrapante: una planta frente al puerto que alimentaría la térmica de Puntas del Tigre (en realidad una ampliación de la existente de 200 Mw)  y vendería el excedente a la Argentina que viene importando una centena de barcos por año.

Se realizaron varios acuerdos de complementación a nivel de estados, todos muy promisorios y que brindaban un buen paraguas protector a la inversión, pero pese a ese “costo de oportunidad” el proyecto estaba condicionado a la celebración de contratos  a término o a través de inversores directamente interesados en el negocio.

En un comienzo hubo conversaciones entre Enarsa, YPF, UTE, Ancap, Ministerios, Secretaría de Energía, donde participaron ejecutivos de las empresas interesadas y funcionarios de ambos gobiernos. Pero las conversaciones, que fueron a los tumbos, no llegaron a acuerdo alguno, más allá de promesas de compra por parte de YPF.

No por casualidad, la primera empresa que salió de las conversaciones fue Enarsa. A medida que pasó el tiempo, los orientales se convencieron de que de este lado del charco no vendrían inversiones ni contratos pero que la Argentina seguiría importando de todos modos, concluyeron las conversaciones y decidieron hacer la planta por cuenta propia.

Matemáticamente posible

Los orientales estudiaron el proyecto contemplando los precios de los hidrocarburos, consumos marginales, usos alternativos, tendencia de precios, oferta, posible cartelización internacional, aumento de la oferta mundial y cientos de variables más. Pero el proyecto se calculó en base a un precio del barril de crudo de más de US$ 100.

Con ese número, la diferencia entre el valor de ambos energéticos, es decir con el fuel a US$30 dólares y el GNL a 15, el precio permitía el desarrollo del proyecto con los beneficios ambientales correspondientes y el repago de la inversión podría realizarse en un tiempo razonable.

Bajo estos supuestos estudiaron varios escenarios. El primero, fue un “stand alone”, es decir qué pasaría si la Argentina nunca le compra el gas al Uruguay y lo que daba la modelización realizada, es que se lograría al menos un “empate”. Para llegar a esa ecuación se incluyeron los ahorros por no expansión de la refinería de La Teja, ya sin espacio para ampliaciones. Como en el fútbol, Uruguay una vez más, calculando siempre al filo de lo “matemáticamente posible”.

Sin embargo la escala del proyecto sin la seguridad de contratos a término ponía en entredicho el proyecto. En ocasiones, para alcanzar la conclusión de un razonamiento es necesario utilizar premisas subsidiarias, esto es, suponer más información de la que el razonamiento contempla pero éste, no fue el caso.

La planta

El proyecto comenzó a tomar vuelo, se pensó en una planta regasificadora de 263.000 m3 de gas licuefaccionado lo que resulta en unos 157 millones de m3 regasificados, que puede inyectar hasta 10 MMm3 diarios, un 400% mas de lo necesario para el mercado interno del Uruguay.

La planta requeriría de una importante obra civil, con un muelle y escollera, un barco regasificador, y conexiones en tierra y subfluviales.

Se constituyó una empresa –Gas Sayago– conformada por UTE y Ancap para llevar adelante el proyecto. Sería la inversión en energía más importante desde la construcción de la represa de Salto Grande.

Una vez operativa, Gas Sayago se comprometía a pagar un canon mensual de US$ 14,5 millones por el plazo del contrato, dinero que le permitirá a GNLS recuperar su inversión y obtener una ganancia por el servicio de regasificación que brindaría al Estado. Así, el contrato ascendería a US$ 2.610 millones a valor actual neto.

La obra

La planta de 10 MMm3 fue finalmente licitada y otorgada al consorcio GNLS,  integrado por Gas de France Suez (GDF Suez la mayor empresa mundial en GNL) y la japonesa Marubeni.

El proyecto constaba básicamente de tres etapas: el dragado –contratado directamente por el gobierno uruguayo a una empresa china Shangai Dredging, la misma del canal Martin García– la obra civil, una escollera y muelles de atraque del buque de almacenamiento y remolcadores de servicio, con un canon de 7 millones de dólares mensuales durante 15 años y activos, que una vez finalizado el contrato, serían transferidos al estado.

Y la tercera parte, el gasoducto en dos tramos: uno subfluvial (una conexión corta de 2,5 Km. pero con cierta complejidad ingenieril) y otro onshore semi rural, de 13 km para conectar con el Cruz del Sur, contratado con OAS por Gas Sayago.

Los servicios de regasificación, operación y mantenimiento de las instalaciones costarían unos us$ 22 millones de dólares anuales indexados. Además del fletamento de un barco regasificador por unos 60 millones de dólares anuales.

El buque tendrá 345 metros de manga y 55 metros de eslora y construido por Daewoo Shipbuilding e Ingeniería Marina en Corea del Sur y sería uno de los más grandes del mundo.

Cuando la suerte que es grela…

En 2013 se firmó el contrato y en 2014 comenzó la obra. Casi en paralelo, surgen hechos que fueron conjugándose y que resultaron fatales para la continuidad del proyecto: la abrupta caída del precio internacional del crudo, los retrasos en la obra por problemas técnicos y sindicales y los problemas de corrupción de OAS en Brasil.

Los problemas técnicos se vincularon directamente con el complicado subsuelo fluvial, tanto para la obra del espigón como para el tramo subfluvial del ducto. A fines del 2014 comenzaron a acumularse los atrasos, como sucede en casi toda megaobra.

Para empeorar las cosas, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, (SUNCA) paraba la obra por cualquier motivo, incluso por cuestiones ajenas: si en otra obra –como sucedió en Montes del Plata–  se lesionaba de gravedad un obrero paraban también la regasificadora. Esto acumuló retrasos aunque no hubo accidentes fatales.

Mientras tanto ocurrían las elecciones presidenciales de noviembre. Los expertos estaban atentos al escrutinio mientras relojeban el precio del crudo que se hundía inexorablemente al tiempo que se modificaba fatalmente la ecuación económica del proyecto.

Un cisne negro

Durante la ejecución de las obras, OAS mostró algunas desprolijidades que el gobierno uruguayo no detectó, tanto en seguridad e higiene como en técnicas y procedimientos. GNLS trajo técnicos de Europa para apuntalar los trabajos y la ingeniería de OAS. Vinieron primero quince y luego fueron cuarenta, aportando incluso a la parte del proyecto que no había contratado.

Pero la frutilla del postre provino de las noticias: OAS pasó repentinamente de las páginas de negocios a protagonizar las páginas policiales, solicitó ampararse a la ley de protección de quiebras (Brasil) por la “intensa restricción de crédito que sufre por ser investigada en el marco del escándalo de corrupción de Petrobras y la operación lava jato”  por lo que anunció que vendería numerosos activos.

En medio del lío, Gas Sayago renegoció el contrato con OAS,  le quitó el tramo offshore y le plantearon la terminación del gasoducto en tierra. OAS respira un poco, pero el resto de la obra  –muy compleja por cierto– no podía cortarse así nomas y en febrero de 2015 los franceses rescindieron el contrato a la brasileña.

A esta altura las multas por incumplimiento estaban al tope, y no era posible constreñir a la constructora shockeada y a punto de knockout, por lo que dejaron de pensar en el negocio y a concentrarse en su propia supervivencia. Ahogados financieramente, suspendieron la continuidad de la obra.

Finalmente, los más altos ejecutivos de OAS, Sérgio Aldemário Pinheiro Filho y  Agenor Franklin Magalhães Medeiros fueron condenados a 16 años de prisión, mientra que José Ricardo Nogueira Breghirolli y Mateus Coutinho recibieron una pena menor, de 11 anos y  Fernando Augusto Stremel Andrade fue condenado a cuatro anos de prisión en régimen abierto, por haber cumplido órdenes superiores…

El futuro

La caída del precio del crudo de USS$ 100 a 45,  convirtió al proyecto en inviable. La diferencia del precio entre diésel y GNL ya no era de us$ 15 sino 7, por lo que da lo mismo quemar fuel que realizar el proyecto.

El escándalo de OAS y la acción del sindicato –desde siempre aliado al Frente Amplio– , brindaron una oportunidad al gobierno de Tabaré Vázquez de sacarse de encima la obra o al menos postergarla.

Tabaré Vázquez, asesorado por uno de los hombres fuertes del ala derecha del Frente Amplio, el ex vicepresidente y actual ministro de economía Danilo Astori, decidió poner fin al proyecto de cara a cinco años de gobierno con posibles precios bajos de las exportaciones uruguayas.

Los montos de las obligaciones en dólares con un escenario de precios bajos resultarían pesadas para las gabelas orientales.

Con estas miras, el presidente tumbó otros proyectos faraónicos impulsados por el MPP, como el puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha (proyecto minero Aratirí) y el complejo Antel Arena entre otros.

Los atrasos y la interna partidaria sirvieron para justificar la movida. “Cosas del viejo loco”, dijo Tabaré para justificar la parada de los proyectos iniciado por el MPP de “Pepe” Mujica, que tuvo en Raúl Sendic, actual vicepresidente, uno de los promotores de la modificación de la matriz energética.

Sabremos cumplir

Hábilmente, Tabaré comenzó una negociación con GNLS. “Somos un país serio”, repitió hasta el cansancio el presidente a través de los medios. Por su parte la francesa ofreció una empresa sustituta a OAS. Presentaron a la Belga DEME una empresa con tradición y prestigio. Los negociadores enviados por Tabaré simularon continuar las negociaciones mientras “apretaban” con las penalidades –la mayoría de ella por culpa del sindicato- y a la vez le planteaban cambios en el proyecto a GNLS, mientras estudiaba el escenario para la rescisión o resolución del contrato.

Es decir, por lo bajo se le requería a GNLS que reformulara el proyecto y se hiciese cargo de las obras que Gas Sayago había contratado con OAS, mientras que públicamente declaraba lo contrario.

Algo parecido sucede actualmente con la Térmica, si bien el atraso en la construcción resulta conveniente, públicamente se exige que se cumpla con la construcción (a Hyundai) pero no tienen el gas, por lo que deberán alimentarla con gasoil y La Teja tampoco podrá abastecerla, es decir se deberá importar el combustible.

Beligerante Vázquez declaraba “Pretendían cambiar el contrato inicial de esta multinacional (GDF - Suez y Marubeni) con Uruguay. El contrato dice que la empresa iba a hacer la gestión y cobrar royalties durante 15 años por US$ 14,5 millones. Ahora, como les había ido mal pretendían US$ 20 millones por mes por 20 años” una patente contradicción cuando en reuniones reservadas los negociadores uruguayos  pedían una obra de menor porte, modular y ampliable.

Como la cosa se puso espesa, la francesa –con muchas obras en la región– privilegió cuidar su prestigio y se hizo cargo de los desaguisados de su contratista. Cumplió con las demandas del sindicato e indemnizó a seiscientos empleados, pagándoles como si hubieran trabajado los dos años. Cumplido el trámite, a partir de junio de 2015, las negociaciones cambiaron bruscamente de carril y los representantes orientales se sinceran: “no queremos  este proyecto” y comienzan a ofrecer una salida mediante una terminación el contrato.

Jurídicamente GNLS tenía dos caminos: entrar en pleito en el CIADI –con amplias posibilidades de obtener un laudo favorable pero con un daño a la imagen en la región– o resolver el contrato y permitir que se ejecute una garantía de US$ 100 millones.

Finalmente, el acuerdo permitirá al Uruguay ejecutar la garantía y quedarse con una avance de la obra que puede rondar el 30% del total, y que podría continuar con el actual proyecto o ejecutar uno más modesto.

Retiro

“GNLS se retira de la terminal regasificadora del Uruguay” reza la página de internet de la subsidiaria, y agrega:  “Se firmó un acuerdo mutuo de terminación con Gas Sayago ante la imposibilidad material de llevar adelante el proyecto y se retira de las obras en Uruguay. Una serie de situaciones que resultaron insalvables impactaron negativamente en los pilares originales del proyecto. GNLS hizo enormes esfuerzos proponiendo alternativas que lamentablemente resultaron no viables. En todo momento, GNLS actuó con responsabilidad cumpliendo con las normas vigentes en Uruguay; honrando sus obligaciones contractuales; indemnizando a los trabajadores afectados; y respondiendo con las garantías comprometidas. GNLS invirtió durante casi 3 años en el proyecto. Fruto de ello es el avance de las obras, los activos y la información técnica que Uruguay recibe y que sin dudas constituye un patrimonio para el futuro del país y la región.”

Estado actual

El gobierno uruguayo manifestó que seguirá adelante con las obras de construcción de la planta regasificadora. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, en interpelación parlamentaria, dijo que actualmente se estudian distintos modelos de negocios que próximamente serán puestos a consideración de los directorios de UTE y ANCAP, para luego realizar otro llamado a licitación y seleccionar un nuevo adjudicatario, a través de Gas Sayago.

Cosse indicó que el costo del nuevo proyecto “será bastante menor” a lo que se había estimado inicialmente (unos US$ 800 millones) pero no ofreció mayores detalles. “Ahora la meta es que la obra quede terminada para mediados de 2017, es decir seis meses después de lo que se había previsto” dijo Cosse y agregó “el costo de la obra civil se estima en US$ 600 millones, de los cuales hasta 2014 se ejecutaron US$ 210 millones, por lo que restan ejecutar otros US$ 390 millones para el actual período, de acuerdo a lo expresado en el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento”.

Durante su interpelación, Cosse mostró tener información privilegiada: “El descenso de los precios del petróleo no va a continuar” y agregó:  “tenemos precios del gas a la baja”, apuntó.  “El proyecto está en inmejorables condiciones para continuar” agregó. Durante la interpelación realizada en el Palacio Legislativo la oposición mostró un preocupante desconocimiento en materia energética.

Fuentes de una de las empresas involucradas, manifestaron que los cálculos deben replantearse, la ecuación económica es muy ajustada y los dichos de Cosse carecen de bases técnicas porque no es posible determinar cuánto tiempo más el precio del crudo estará en los actuales niveles. Además dijo la fuente “siempre hay sobrecostos que deben calcularse, como el Antel Arena, iba a costar 40 millones pero eso era sólo la obra civil, en realidad se iba arriba de los 90”.

Perspectivas políticas

Un nuevo gobierno en la Argentina abre las posibilidades de renegociar alguna inversión con YPF o Enarsa, pero el futuro es aún incierto. Argentina compra 100 barcos por años, Uruguay 4.

Esto no deja de abrir un interrogante ¿dónde debe el inversor hacer el proyecto?

Es cierto que el puerto de Escobar tiene limitaciones: los barcos no pueden ingresar con toda la carga y los costos de operación son altos y se entorpecen las operaciones de los graneleros y además el actual esquema logístico es un poco loco: se lleva el buque hasta Bahía Blanca, a 700 km por mar, para luego inyectar en el sistema con las consiguientes pérdidas –4% o más por compresión– más costos adicionales.  En realidad lo racional para Argentina sería una planta de GNL en Ensenada o Dock Sud y así abastecer al Uruguay por un gasoducto ya construido y no a la inversa.  ¿El negocio de la regasificadora en Puntas de Sayago es realmente viable? ¿De qué se trató todo esto? ¿Fue un piletazo en la búsqueda desesperada de seguridad energética? ¿Faltaron fondos para encarar un negocio seguro de venta a la Argentina? Las respuestas pueden ser múltiples, habrá que esperar la evolución económica, política de la región y la evolución de los precios internacionales del crudo.

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